Morelia, Michoacán, México, 7 de mayo de 2019,.- El marco legal que rige el desarrollo urbano en los municipios de Michoacán puede ser mejor y más justo, y para ello trabajamos en materializar una normatividad con una marcada tendencia al desarrollo urbano sustentable, que permita crear las condiciones óptimas de desarrollo y crecimiento de todas las comunidades de Michoacán, sin perder de vista que debemos proteger y conservar nuestra riqueza más vulnerable, que es decir nuestro patrimonio cultural natural, afirmó la diputada Cristina Portillo Ayala, al presentar modificaciones al Código de Desarrollo Urbano.
Agregó que con ello, se favorece la igualdad en los fraccionamientos, y la construcción de equipamiento urbano.
La vice coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, al exponer los motivos de su iniciativa, dijo que es imprescindible reconocer que en Morelia –como en muchas ciudades y municipios de Michoacán- la industria de la construcción es, indiscutiblemente, el pilar del desarrollo de diferentes comunidades, por lo que urge crear las condiciones normativas adecuadas, que favorezcan el desarrollo de esta actividad, con absoluto respeto al medio ambiente.
Refirió que especialistas, empresarios de la construcción, legisladores y usuarios, “… reconocemos que los trámites burocráticos, muchas veces afectan las actividades económicas, por lo que nos proponemos con esta iniciativa, favorecer el entorno para dinamizar la economía derivada de la industria de la construcción e inmobiliaria, y, al tiempo, generar una condición de justicia y equidad, para algunos conceptos”.
La legisladora michoacana presentó una iniciativa de decreto que modifica, reforma y adiciona, diferentes disposiciones del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, un trabajo legislativo que –aseguró- fue valorado y socializado con empresarios y técnicos especialistas en la materia.
Con la disposición actual del código, las áreas de donación de los fraccionamientos habitacionales, deben entregarse a distintas autoridades, lo que tienen un impacto negativo, porque con mucha frecuencia la totalidad de la superficie donada para equipamiento urbano, si bien se encuentra en un mismo polígono, no puede ser aprovechada en su máximo potencial por tener dueños distintos, uno municipal y otro estatal, lo que resulta en un real desperdicio de oportunidades.
Explicó que no solamente los habitantes se ven afectados con la regulación vigente, también los posibles inversionistas, a quienes se condiciona el cambio de régimen de propiedad de edificios ya construidos a una donación de áreas; o a los propietarios que dividen terrenos urbanos cuyas superficies resultantes superan una hectárea, añadió.
En este marco de amplias posibilidades para alentar la actividad económica, vinculada a la industria de la construcción, la legisladora de Morena, propuso reformas para que los porcentajes correspondientes a las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano en los fraccionamientos habitacionales urbanos, y en los de tipo popular, se integren en uno solo: sumar 3 % que corresponde actualmente al Estado, y 5 % al municipio, para lograr la integración de 8 % del área total del fraccionamiento de que se trate, que sería donado exclusivamente a los municipios, y cuyo uso se ajustaría al programa de desarrollo urbano correspondiente.
De esta forma se eliminan trámites burocráticos al reducir 50 % el proceso de donación, pues ya no será necesario acudir ante autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y se contará con áreas de donación mucho más amplias que permitirán un mayor aprovechamiento por parte de los municipios.
Un elemento más con esta iniciativa, permitiría que, en el caso de condominios, las casetas de vigilancias formen parte del área común de los habitantes debido a sus características. Actualmente la normativa impide construir casetas de vigilancia –a algunos fraccionamientos, dependiendo de su densidad poblacional-, toda vez que no pueden ser municipalizadas, por no existir en la ley.
Al respecto, Cristina Portillo consideró absurdo el sentido de la normatividad vigente, pues las medidas preventivas de seguridad son un elemento sustantivo para el sano desarrollo de las personas, especialmente en los tiempos actuales, donde las y los michoacanos enfrentamos a una de las más severas crisis de seguridad de la última década.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano, para su análisis y dictamen. Y regresará al pleno para su discusión y aprobación, en su caso.
